La Cámara de Diputados de la Nación se convirtió en el campo de batalla donde se dirimirá el futuro de la Ley de Glaciares. El oficialismo aceleró la marcha para llevar el proyecto de reforma al recinto antes de que el debate político lo erosione, mientras que la oposición prepara sus argumentos y busca sumar voluntades para resistir o modificar sustancialmente la iniciativa.
La estrategia del oficialismo se apoya en un diagnóstico político claro: cada semana que pasa sin votación le da más tiempo a los opositores para organizar la resistencia, movilizar a la sociedad civil y exponer públicamente los argumentos ambientales que pueden hacer mella en algunos legisladores del bloque gobernante que representan provincias cordilleranas. La velocidad es, en este caso, un activo político.
Las audiencias públicas que se realizaron en semanas anteriores mostraron que el debate está lejos de ser una conversación técnica y aséptica. Los representantes de las provincias mineras y los ambientalistas presentaron posiciones diametralmente opuestas, con argumentos científicos que en muchos casos se contradicen entre sí y que dejaron a varios legisladores dudando sobre cuál es realmente la posición más responsable.
La posición de Mendoza, que tiene glaciares en su cordillera pero también aspiraciones en materia de desarrollo energético y minero, es una de las más observadas. El voto de los legisladores mendocinos podría ser decisivo si la votación resulta ajustada, lo que les otorga un poder de negociación que ya están aprovechando para arrancar compromisos al oficialismo.
Fuente: MDZ
