La Cámara de Diputados de San Juan tiene sobre la mesa un proyecto que podría cambiar el acceso al empleo público para la comunidad trans en la provincia. La iniciativa fue presentada por la diputada María Fernanda Paredes, del Bloque Justicialista, y ya está siendo analizada en comisiones.
La propuesta es concreta: que San Juan adhiera formalmente a la Ley Nacional 27.636, conocida como «Diana Sacayán – Lohana Berkins». Esa norma obliga al Estado a reservar al menos el 1% de sus cargos para personas travestis, transexuales y transgénero en todas las modalidades de contratación. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.
Uno de los puntos que el proyecto se encarga de aclarar es que reservar ese porcentaje no implica crear nuevos cargos ni aumentar el gasto público: se trata de asignar vacantes que ya existen dentro de la estructura del Estado provincial. Además, contempla apoyo para que quienes no hayan terminado la educación obligatoria puedan hacerlo y recibir capacitación laboral.
Los números que respaldan la iniciativa son duros. Según la primera encuesta nacional sobre población trans del INDEC y el INADI, más del 80% de ese colectivo tuvo que recurrir al trabajo sexual como principal fuente de ingresos por falta de opciones. La tasa de informalidad laboral supera el 90%, y la exclusión temprana de escuelas y hogares genera un circuito de pobreza difícil de romper.
El proyecto también señala que San Juan no sería pionera: provincias como Santa Fe, Río Negro, Chubut y Entre Ríos ya aprobaron sus propias leyes de cupo laboral trans antes de que existiera la norma nacional. La experiencia en esos distritos mostró que el 1% es una medida de bajo costo y fácil implementación.
A nivel nacional, la Ley 27.636 rige desde julio de 2021, pero su aplicación está lejos de ser perfecta. Las organizaciones sociales advierten que el Estado nunca llegó a cubrir más del 15% de las vacantes previstas. A eso se suma que la gestión de Javier Milei desvinculó a cerca del 10% de las personas contratadas bajo ese régimen, y la Justicia Federal tuvo que ordenar reincorporaciones mediante medidas cautelares.
La ley lleva los nombres de Diana Sacayán y Lohana Berkins, dos activistas históricas de la comunidad travesti-trans argentina. Sacayán fue asesinada en 2015 en el primer caso reconocido judicialmente como travesticidio en el país. Berkins, pionera en la defensa de la identidad de género, falleció en 2016. Sus trayectorias son el símbolo detrás de la norma.
Ahora el debate pasa a las comisiones de la Legislatura sanjuanina. Si el proyecto avanza, San Juan se sumaría al grupo de provincias que ya tienen cupo laboral trans vigente.
Fuente: Tiempo de San Juan · 1 de noviembre de 2026
Fuente: Tiempo de San Juan
