El oficialismo nacional consiguió este lunes el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para la llamada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto, que apunta a proteger los recursos naturales en la zona de Malvinas y el Atlántico Sur, quedó habilitado para debatirse en el recinto. La fecha tentativa es el jueves 12 de noviembre, aunque el cronograma podría moverse según la agenda por la visita del Papa León XIV a la Argentina.
La iniciativa fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo y, en su versión original, preveía multas y hasta la cancelación de habilitaciones para empresas que exploten recursos naturales sin autorización en el Atlántico Sur. El problema: el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, expresó formalmente su preocupación por el impacto que esas sanciones podían tener sobre firmas estadounidenses.
El oficialismo cedió. El texto final acota las penalizaciones a operadoras directas, licenciatarias, proveedores directos y accionistas directos. Quedan afuera los fondos de inversión indirectos y los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2%. Una concesión que no pasó desapercibida en el Congreso.
El proyecto también crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo presidido por el Presidente que unificará las áreas de defensa, inteligencia y seguridad interior. Lo integrarán el jefe de Gabinete, la secretaria Legal y Técnica, el titular de la SIDE y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad. Este Consejo podrá evaluar, autorizar o vetar inversiones extranjeras en sectores estratégicos como minería, energía, telecomunicaciones e hidrocarburos.
Tras la presión de bancadas aliadas, se sumaron miembros no permanentes —titulares de ambas cámaras, gobernadores y el área de Seguridad Interior— para cuando la temática lo requiera. Además, a propuesta del diputado Eduardo Falcone (MID), se aprobó una Comisión Bicameral de Seguimiento que obliga al Ejecutivo a notificar sus resoluciones de seguridad al Congreso en un plazo de 48 horas.
En materia penal, el dictamen tipifica las campañas clandestinas de injerencia extranjera en procesos electorales u opinión pública, con penas de 5 a 12 años de prisión. El texto aclara que quedan fuera del alcance de la norma el periodismo, la investigación académica y la representación diplomática regular.
Aun así, el consenso no es total. Varios legisladores aliados firmaron el dictamen con disidencias sobre los artículos 127, 128 y 129, que regulan a las ONG. Si esas diferencias no se resuelven antes del debate en el recinto, el oficialismo podría tener problemas para sumar los votos que necesita.
Fuente: Tiempo de San Juan · 27 de octubre de 2026
Fuente: Tiempo de San Juan
