La reforma a la Ley de Glaciares está llegando a su momento decisivo y San Juan lo sigue con la respiración contenida. La provincia tiene en juego proyectos mineros de gran envergadura que hoy no pueden avanzar por las restricciones que la ley vigente impone sobre las actividades en zonas de glaciares y periglaciares, y cualquier modificación a esa normativa tendrá consecuencias directas sobre la economía provincial.
Los impulsores de la reforma sostienen que la ley actual, sancionada en 2010, fue redactada con criterios demasiado restrictivos que impiden el desarrollo de proyectos mineros que podrían hacerse de manera compatible con la protección ambiental. Reclaman que la norma sea actualizada con datos científicos más recientes y con criterios técnicos que permitan distinguir entre glaciares que deben ser intocables y zonas que pueden ser utilizadas sin riesgo.
Los opositores a la reforma, en cambio, advierten que cualquier modificación a la ley representa una amenaza al recurso hídrico más valioso de las provincias cordilleranas. En San Juan, donde el agua es un bien escaso y la economía agrícola depende del deshielo, la discusión tiene una dimensión que va más allá de lo político y toca fibras muy profundas de la identidad provincial.
Los legisladores sanjuaninos que integran el Congreso nacional se encuentran en una posición compleja: deben responder a los intereses económicos de la provincia que los eligió pero también a la preocupación genuina de amplios sectores de la ciudadanía que no quieren que se ponga en riesgo el agua. Los próximos días definirán si San Juan sale ganando o perdiendo de este debate.
Fuente: Tiempo de San Juan
