El sistema con el que San Juan elige a sus jueces, fiscales y defensores lleva décadas sin cambios de fondo y hoy está en el centro de una disputa que mezcla lo jurídico con lo político. El detonante inmediato es la próxima renovación de representantes del Foro de Abogados en el Consejo de la Magistratura, que convierte al debate en algo urgente y concreto.
La pregunta de fondo es simple pero no tiene respuesta fácil: ¿puede el propio Consejo reformarse con un reglamento interno, o necesita que la Cámara de Diputados apruebe una nueva ley?
La vía del reglamento
Una parte de los juristas locales sostiene que el Consejo ya tiene atribuciones para ordenar su propio funcionamiento sin esperar al Poder Legislativo. La propuesta concreta incluye:
- Examen escrito anónimo para evaluar conocimientos sin que el nombre del candidato influya.
- Tabulación de antecedentes con puntajes fijos y comparables.
- Entrevista personal pública, con transmisión abierta y menor peso en el puntaje final.
- Votos fundados por escrito de los consejeros al armar cada terna.
Según fuentes consultadas por este medio, en la oposición ya circula un borrador de reglamento que podría convertirse en plataforma electoral para las elecciones del Foro.
La vía legislativa
Otros actores del mundo jurídico sanjuanino insisten en que los cambios de fondo requieren una ley. El antecedente más fresco es el proyecto que el oficialismo provincial anunció en julio de 2025, que proponía examen escrito, orden de mérito por puntaje, certificado de salud mental y participación de docentes universitarios en la corrección de evaluaciones. El proyecto nunca avanzó con detalles públicos.
El marco histórico tampoco ayuda: en 2003 se sancionó una ley que incorporaba un jurado con participación universitaria, pero quedó suspendida. Desde entonces, San Juan sigue aplicando el procedimiento vigente desde 1986.
El debate llegó a la Corte Suprema
El problema no es exclusivo de San Juan. En marzo de 2026, los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti impulsaron la Acordada 4/2026, un proyecto de reglamento de concursos para magistrados nacionales. La iniciativa propone legajo digital único, exámenes anónimos en dos etapas y limita la entrevista personal a 20 puntos sobre 200. La Corte aclaró que las provincias pueden tomar esos criterios como referencia.
El ministro Horacio Rosatti no firmó el documento.
Lo que viene ahora en San Juan depende de qué sector logre imponer su postura antes de que el Foro de Abogados renueve sus representantes. Si la oposición consolida su propuesta de reglamento, el Consejo podría reformarse desde adentro. Si el oficialismo retoma su proyecto de ley, el debate pasa a la Legislatura. En cualquier caso, el procedimiento de 1986 tiene los días contados, o al menos eso dicen quienes lo cuestionan.
Fuente: Tiempo de San Juan · 2 de noviembre de 2026
Fuente: Tiempo de San Juan
