Cristina Fernández de Kirchner escaló la disputa judicial hasta la Corte Suprema. A través de un recurso de queja, su defensa busca revertir la habilitación del decomiso de 19 bienes que involucran a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad.
El número que está en juego no es menor: la Justicia fijó el monto del decomiso en casi 685 mil millones de pesos, equivalente al perjuicio que se le habría causado al Estado por la maniobra de administración fraudulenta por la que fue condenada la exmandataria hace casi un año.
¿Qué argumenta la defensa?
Los abogados Carlos Berasli y Ary Llernovoy sostienen que incluir propiedades a nombre de Máximo y Florencia en el decomiso viola garantías constitucionales. El argumento central: se trata de bienes de terceros que no fueron condenados penalmente, por lo que su incorporación al proceso carecería de sustento jurídico.
La presentación también denuncia afectación al derecho de propiedad, al debido proceso y a la defensa en juicio. Entre los activos cuestionados aparecen departamentos y lotes en Santa Cruz heredados o recibidos por cesiones familiares.
La Casación ya les cerró la puerta
El 28 de mayo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación —con los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña— rechazó los recursos extraordinarios de las defensas. El tribunal consideró que los planteos eran una reiteración de argumentos ya analizados y descartados en instancias previas.
Además, la Casación fue contundente: el decomiso es una consecuencia directa de los delitos probados en la causa, y los beneficios obtenidos mediante conductas ilícitas no pueden generar derechos patrimoniales protegidos. Esa resolución dejó a los Kirchner con una sola salida procesal: ir directo a la Corte.
¿Qué pasa si la Corte no interviene?
Mientras la Corte decide si toma o no el caso, el Tribunal Oral Federal n.º 2 sigue adelante con las actuaciones para determinar el valor y destino de los bienes alcanzados. Si el máximo tribunal rechaza la queja o simplemente no interviene, la ejecución patrimonial podrá avanzar sobre esos activos para cubrir el monto fijado como daño al Estado.
La pelota, entonces, quedó en manos de los cuatro jueces de la Corte Suprema.
Fuente: MDZ Online · 8 de junio de 2026
Foto: Frans Ruiter / Unsplash
Fuente: MDZ Online
