El escándalo del Acueducto del Gran Tulum no para de crecer. Ahora la Fiscalía de Estado de San Juan admitió que no descarta que pruebas de los años 2020 y 2021 puedan haber “desaparecido” del expediente. Así lo señaló el fiscal Sebastián Dávila, que habló de “cosas que tal vez ya no estén y que haya que buscar por otro lado”.
El caso es un escándalo en toda regla: la obra, financiada con crédito kuwaití de 100 millones de dólares y licitada por más de 1.300 millones de pesos, usó caños de la empresa Krah que son aptos para cloaca y pluviales, no para agua potable. Los informes técnicos advierten que esas tuberías pueden liberar partículas tóxicas en el agua para consumo humano.
La conexión política pica fuerte: la firma alemana estaba representada en Argentina por Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac. La investigación avanza en paralelo entre la Fiscalía de Estado y la Justicia penal.
La obra iba a abastecer a un millón de personas. Si las pruebas se ocultaron, ¿quién va a pagar las consecuencias?
Fuente: Tiempo de San Juan
