El Parlamento Europeo dio un paso concreto contra el régimen de Daniel Ortega: este jueves aprobó por aclamación una resolución que pide suspender el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Nicaragua, activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación y ampliar las sanciones contra el círculo de poder en Managua.
El documento responsabiliza a Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo y a sus allegados de crímenes de lesa humanidad y exige que «ningún fondo de la UE o multilateral fortalezca al régimen». La votación reunió un consenso transversal entre los principales bloques políticos de la Eurocámara, que consideran insuficiente la presión diplomática ejercida hasta ahora.
El detonante fue la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena que había permanecido en desaparición forzada y falleció bajo custodia el 30 de mayo. El Parlamento exigió una investigación inmediata, la devolución de sus restos a la familia y la liberación de quienes desaparecieron al intentar recuperar el cuerpo.
El debate previo, desarrollado el miércoles 17 de junio, también puso el foco en dos presos políticos concretos:
- Carlos Brenes, detenido en agosto del año pasado, condenado a 15 años por «traición a la patria» en un juicio irregular y sin acceso a medicación para su diabetes.
- Salvadora del Socorro Martínez Aburto, arrestada en la misma fecha y con igual condena.
La resolución exige la «liberación inmediata e incondicional» de ambos y del resto de los presos políticos.
En cuanto a las herramientas legales, el Grupo del Partido Popular Europeo —mayoría en la cámara— impulsó activar la jurisdicción universal para perseguir penalmente a los responsables. Los Patriotas por Europa fueron más lejos y pidieron que los 27 Estados miembros abran investigaciones por crímenes de lesa humanidad. La Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas sumó el pedido de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU considere remitir el caso a la Corte Penal Internacional.
Los Conservadores y Reformistas Europeos incorporaron una lectura geopolítica al señalar el «alineamiento estratégico político y militar con Rusia y China» del régimen de Ortega-Murillo como factor agravante.
Ahora la pelota queda en la Comisión Europea y el Consejo de la UE, que deberán decidir si traducen la resolución —no vinculante— en medidas efectivas. La presión política existe; la voluntad ejecutiva, todavía por verse.
Fuente: Infobae · 18 de junio de 2026
Fuente: Infobae
