Con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, el Senado convirtió en ley la Reforma Laboral, uno de los proyectos centrales del oficialismo. La definición llegó luego de una sesión marcada por fuertes cruces y dejó firme el texto aprobado previamente en Diputados.
Entre los cambios más relevantes, la norma establece que la indemnización por despido seguirá siendo de un mes por año trabajado, pero excluye conceptos como el aguinaldo y premios extraordinarios del cálculo. Además, fija un tope de hasta tres veces el salario promedio del convenio y habilita el pago en cuotas: hasta seis para grandes empresas y hasta 12 para MiPyMEs, ajustadas por inflación más un 3% anual.
La ley también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte obligatorio del 1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs sobre remuneraciones brutas. Actualmente esos fondos se destinan al SIPA, por lo que la medida podría impactar en el financiamiento jubilatorio. En paralelo, se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos y se otorga prioridad a los acuerdos por empresa o región por sobre los sectoriales.
En materia sindical, se amplía el listado de servicios esenciales, que deberán garantizar un 75% de funcionamiento ante huelgas, mientras que los servicios “trascendentales” deberán cubrir el 50%. La educación queda incluida dentro de los esenciales. También se exige autorización previa del empleador para realizar asambleas en los lugares de trabajo.
Los cambios que quedaron tras el paso por Diputados
El oficialismo eliminó el artículo 44, que reducía licencias pagas por enfermedad o accidente no laboral. Con esa modificación, el Senado solo podía avalar la versión baja o insistir con la original. Optó por la primera. Además, se incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una decisión cuestionada por sectores de la oposición.
Durante el debate, hubo posturas enfrentadas. Desde La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy sostuvo que los juicios laborales crecieron un 135% entre 2010 y 2024 y que la norma busca revertir esa tendencia. Mariano Recalde advirtió que la ley “va a traer mucha litigiosidad”. El cierre quedó en manos de Patricia Bullrich, quien defendió la reforma como un intento de corregir lo que calificó como un sistema que empuja a la informalidad. Con la promulgación pendiente, se abre ahora una nueva etapa: ¿cómo impactarán estos cambios en el empleo formal y en los derechos laborales?
