La investigación por el préstamo de 45.000 millones de dólares del FMI volvió a activarse en el plano judicial tras la apelación presentada por el fiscal federal Franco Picardi. El funcionario cuestionó el archivo dictado el 2 de febrero por la jueza María Eugenia Capuchetti y pidió que se siga investigando la operación acordada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Según el planteo fiscal, el expediente no busca juzgar si el crédito fue conveniente desde lo económico, sino determinar si se respetaron los procedimientos administrativos y legales exigidos para contraer deuda pública. Picardi sostuvo que el cierre del caso fue prematuro y que aún faltan medidas de prueba clave.
Qué puntos del préstamo siguen bajo la lupa
Entre los ejes señalados, el fiscal remarcó que no existe un decreto ni resolución formal que haya autorizado la operación antes de la firma con el FMI. También advirtió la ausencia del dictamen previo del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos, un requisito previsto en el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera.
La apelación incorporó además informes de la Auditoría General de la Nación, que alertaron sobre presuntos incumplimientos normativos y la posible firma del acuerdo por funcionarios sin competencia legal delegada. A esto se sumó un reporte del Banco Central elaborado durante la gestión de Alberto Fernández, que indicó una salida de capitales superior a 27.000 millones de dólares mientras estuvo vigente el programa con el FMI.
El escenario procesal cambió en paralelo por el Decreto 87/2026, mediante el cual el gobierno de Javier Milei retiró la querella del Estado y dejó de impulsar la acusación contra los imputados. En la causa figuran Mauricio Macri, Marcos Peña, Nicolás Dujovne y dos actuales ministros nacionales: Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Ahora, la Cámara Federal porteña deberá decidir si confirma el archivo o si ordena reabrir la investigación. ¿Habrá nuevas pericias para reconstruir el destino de los fondos?
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