El Gobierno nacional logró el dictamen de mayoría para su proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la iniciativa que endurece las sanciones contra la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas y crea un Consejo de Seguridad Nacional. La fecha tentativa para la sesión en Diputados es el jueves 12 de noviembre, aunque todavía hay diferencias abiertas con los bloques aliados.
El proyecto, impulsado principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, apunta a sancionar a empresas y personas que participen en la explotación de recursos renovables y no renovables en el Atlántico Sur. Las penalidades incluyen multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones en Argentina.
Uno de los puntos más calientes fue el alcance de esas sanciones. El texto original generó cuestionamientos incluso desde Estados Unidos: el subsecretario de Estado Christopher Landau le transmitió al presidente Javier Milei la preocupación de la administración Trump por el posible impacto sobre empresas norteamericanas. Tras las negociaciones, el oficialismo aceptó limitar la responsabilidad a quienes intervengan directamente en los negocios ilegales. Quedaron excluidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos.
El proyecto también crea el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, más los titulares de Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo podrá evaluar inversiones de Estados extranjeros en sectores estratégicos como defensa, telecomunicaciones, energía, minería e hidrocarburos.
A pedido de los bloques aliados, se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento que podrá auditar las decisiones del Consejo. El Gobierno deberá informar a esa comisión, dentro de las 48 horas, cualquier medida de seguridad que adopte el organismo.
En materia penal, el texto prevé entre 5 y 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado extranjero, intervengan para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública. Se aclararon exclusiones: la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación regulada de intereses no quedan alcanzadas por esa figura.
Pese al dictamen, el acuerdo no está cerrado. Varios aliados firmaron con disidencias y reclaman cambios en los artículos 127, 128 y 129, especialmente sobre cómo se aplicarán las normas a organizaciones no gubernamentales. Desde el propio oficialismo reconocieron que hay aspectos que todavía requieren ajustes.
La fecha del 12 de noviembre podría moverse según el calendario parlamentario y la visita del papa León XIV a la Argentina. Lo que está claro es que el Gobierno necesita seguir sumando voluntades antes de llevar el proyecto al recinto.
Fuente: Diario de Cuyo · 27 de octubre de 2026
Fuente: Diario de Cuyo
