La Justicia sanjuanina expuso en los últimos tres meses una seguidilla de casos de extorsión con una lógica común: encontrar el punto débil de alguien y convertirlo en una amenaza para sacarle plata. Cuatro expedientes instruidos o investigados por la UFI de Delitos Especiales muestran cómo el miedo a quedar expuesto puede costar desde $260.000 hasta casi $30 millones.
Lo que cambia en cada caso es el mecanismo. Lo que no cambia es la finalidad: silencio a cambio de dinero.
Grindr, una puerta cerrada con llave y $260.000
Agustín Nicolás Silva, vecino de Rawson, fue condenado a tres años de prisión en suspenso después de que la Justicia unificara dos hechos de chantaje. El más reciente arrancó el 5 de agosto: una cita pactada por Grindr terminó con la víctima encerrada en la vivienda de Silva, que se negó a abrir hasta recibir dinero. El hombre transfirió $70.000 a una cuenta de terceros. Pero la presión siguió por horas, con amenazas de publicar conversaciones íntimas en redes. En total, la víctima pagó $260.000. Un caso anterior —otro hombre, $100.000 de por medio— permitió vincular los hechos. Silva fue condenado por privación ilegítima de la libertad y chantaje.
Una amistad, años de hostigamiento y casi $30 millones
El caso del periodista José María Cabral es el más extenso y el más grave en términos económicos. Según la acusación fiscal, Cabral retomó el contacto con una amiga de años y comenzó a exigirle dinero bajo amenaza de difundir fotos íntimas y revelar aspectos de su vida privada. La mujer habría financiado gastos cotidianos, ropa, tecnología y hasta compromisos de vivienda. Las exigencias continuaron incluso cuando Cabral vivía en España, con pedidos en euros. La deuda acumulada rozó los $30 millones. Un informe psicológico incorporado al expediente describió el daño emocional sobre la víctima. Cabral fue imputado por amenazas coactivas y extorsión reiterada; su defensa rechazó la interpretación fiscal. La causa sigue en etapa de investigación.
Instagram, un viaje a Mendoza y $2,5 millones por un video
Natalia Verónica Genovese, 32 años, está acusada de chantajear a un hombre que conoció por Instagram. Lo que empezó como un intercambio de videos a cambio de dinero escaló: primero llegaron mensajes de alguien que decía ser su pareja, exigiendo $150.000. Luego, tras un viaje juntos a Mendoza, Genovese habría usado un video íntimo para pedir $2,5 millones. La presión siguió con una nueva exigencia de $2 millones y la advertencia de que ya habían contactado a la hija del denunciante por redes. Las pericias informáticas encontraron correos y registros de transferencias. El juez de Garantías formalizó la investigación por chantaje y le impuso presentación mensual en comisaría y prohibición de contacto.
«Pagame o te escracho»: $2 millones al cirujano, luego $30 millones más
El cuarto expediente es quizás el más delicado. Mónica Elizabeth Morán, 47 años, fue imputada por extorsión tras denunciarla un médico cirujano. La acusación sostiene que Morán amenazó con denunciarlo públicamente por un supuesto abuso sexual contra su hija si no le pagaba. El 21 de marzo el médico transfirió $2 millones. No alcanzó: después llegaron reclamos por $30 millones vía WhatsApp y visitas intimidatorias a su lugar de trabajo que lo obligaron a cambiar sus rutinas. La UFI presentó conversaciones, registros fílmicos y comprobantes bancarios. Morán sigue el proceso en libertad; su defensa afirma que es inocente.
Cuatro casos, cuatro mecanismos distintos, una misma advertencia: la UFI de Delitos Especiales está activa y los registros digitales —transferencias, chats, correos— se están convirtiendo en la principal herramienta para probar estos delitos en San Juan.
Fuente: Tiempo de San Juan · 25 de octubre de 2026
Fuente: Tiempo de San Juan
