El número parece grande pero hay que leerlo con cuidado. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal de Derechos Humanos, confirmó que desde el 8 de enero de 2026 se liberaron 690 presos políticos en Venezuela. El anuncio llegó vía redes sociales y generó una reacción mixta: alivio y escepticismo a partes iguales.
El proceso no fue lineal. En los primeros días tras el anuncio de la Asamblea Nacional, solo salieron 42 personas. Las liberaciones fueron parciales y lentas. El gran salto vino con la Ley de Amnistía aprobada el 19 de febrero, que abarca un período de 27 años desde 1999, aunque su aplicación se restringe a 13 hechos específicos. Gracias a esa ley, se verificaron 109 libertades plenas.
El dato que matiza el optimismo: muchos de los “liberados” siguen bajo medidas restrictivas de libertad. No están presos, pero tampoco son libres. No pueden salir del país, deben presentarse periódicamente ante la justicia o tienen prohibición de hablar públicamente.
El régimen de Maduro presenta las cifras como un gesto de apertura. Los organismos de derechos humanos piden más: la liberación completa, sin condiciones, de todos los detenidos por razones políticas.
