La Nación y la Ciudad de Buenos Aires firmaron el acuerdo para transferir la Justicia Laboral al ámbito porteño, en un paso que ahora deberá ser avalado por el Congreso y la Legislatura local. El convenio, suscripto por el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno Jorge Macri, ya ingresó al Senado y marca un avance concreto en una discusión que lleva más de tres décadas.
El esquema prevé un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a actuar sobre las causas iniciadas tras la entrada en vigencia del traspaso. Los expedientes previos seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta completar la doble instancia, aunque la ejecución de las sentencias pasará al nuevo fuero porteño. Además, se dispone el cierre inmediato de juzgados nacionales vacantes y de la Sala VII, con un cierre total que será gradual.
Qué cambia y qué queda afuera
La Ciudad tendrá un plazo máximo de 180 días para seleccionar jueces y garantizar infraestructura. Quedarán excluidos del traspaso los conflictos colectivos, la negociación colectiva, las cuestiones sindicales y las causas donde sea parte el Estado Nacional, entre otros puntos. El Tribunal Superior de Justicia porteño será el órgano revisor máximo en temas de derecho local o común y cuando exista cuestión federal, según el artículo 14 de la Ley 48.
El proceso se apoya en el Decreto 95/2026, que habilitó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a firmar acuerdos y adendas para concretar la transferencia sin necesidad de un nuevo acto presidencial. La discusión tiene raíces en la reforma constitucional de 1994 y en fallos de la Corte Suprema como “Corrales” y “Bazán”, que señalaron el carácter transitorio de los tribunales nacionales ordinarios en la Ciudad.
En diciembre de 2024, la Legislatura porteña había sancionado las leyes 6.789 y 6.790 para reestructurar la justicia laboral local y crear una Cámara de Apelaciones con seis jueces y diez juzgados de primera instancia. Sin embargo, una medida de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió su aplicación hasta que existiera un acuerdo institucional entre Nación y Ciudad. Con el convenio firmado, la pregunta ahora pasa por el debate parlamentario y los tiempos políticos en una semana clave para la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
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