martes, marzo 17, 2026

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San Juan y una votación incómoda: ¿hasta dónde bajar la edad penal?

San Juan ante un debate que vuelve al centro de la agenda

Con posiciones divididas y argumentos de fondo, los legisladores nacionales por San Juan comenzaron a definir cómo votarían el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La iniciativa fue enviada por el Gobierno nacional al Congreso para ser tratada en sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, y reactivó un debate sensible por su impacto social.

El proyecto de Ley Penal Juvenil llegó tras el crimen de Jeremías Monzón, un joven de 16 años asesinado por tres menores de edad en la Argentina. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el envío del texto, que retoma la propuesta original de imputabilidad desde los 13 años, luego de que un dictamen previo hubiera elevado el piso a 14.

Desde La Libertad Avanza, los sanjuaninos José Peluc y Abel Chiconi anticiparon su apoyo. Peluc sostuvo que la reforma apunta a garantizar justicia para las víctimas, mientras que Chiconi afirmó que el régimen actual permite delitos graves sin consecuencias penales. En la misma línea, el senador Bruno Olivera consideró que el sistema vigente está desactualizado y no responde ni a víctimas ni a infractores.

El oficialismo provincial también acompañaría el debate. Nancy Picón y Carlos Jaime respaldaron el tratamiento de la ley, aunque Picón remarcó que la norma vigente es de 1980 y que cualquier cambio debería tener un enfoque resocializador. Recordó además que en 2024 presentó un proyecto propio que proponía imputabilidad desde los 13 años solo para delitos graves.

En vereda opuesta, el peronismo sanjuanino expresó su rechazo. Cristian Andino advirtió que bajar la edad no reduce el delito y que la medida chocaría con la Convención sobre los Derechos del Niño. Jorge “Coqui” Chica sumó críticas por los recortes a programas de prevención, mientras que Sergio Uñac y Celeste Giménez no hicieron declaraciones, aunque se presume que votarían en contra. ¿Logrará el proyecto consenso en un tema que cruza seguridad, derechos y políticas sociales?

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