Con la media sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, sostuvo que en San Juan deben estar tranquilos porque “el primer protector de los glaciares es el gobernador Marcelo Orrego”. El funcionario definió la aprobación como “un primer paso importantísimo” para la provincia y confió en que el Senado acompañará en la próxima instancia.
Fernández remarcó que los glaciares “están respetados y protegidos” por la gestión provincial y planteó que el debate central pasa por qué ocurre en la zona periglaciar. Según explicó, se necesitan leyes claras y herramientas como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), además de estudios técnicos que —aseguró— la universidad local está en condiciones de realizar.
Expectativas en la minería y cifras en juego
Desde el sector empresario minero también celebraron la votación. Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, afirmó que se trata de un reclamo sostenido “hace 7 u 8 años” y vinculó la reforma con la posibilidad de que bajen fondos para cinco proyectos avanzados. Indicó que, bajo el marco del RGI, San Juan tiene aprobados más de 30.000 millones de dólares, y comparó esa cifra con los menos de 4.000 millones que —según señaló— mueve el litio en Catamarca, Salta y Jujuy.
Uno de los puntos centrales de la negociación fue la definición de conceptos como glaciar y periglaciar de roca, considerados clave para otorgar previsibilidad jurídica. En la misma línea, Leonardo de la Vega, presidente de la Unión Industrial, sostuvo que el nuevo marco aportará reglas claras sobre dónde se podrá producir y operar y generará mejores condiciones para la actividad.
Tanto desde el Gobierno como desde el sector industrial coinciden en que el desarrollo minero no será inmediato, sino una estrategia de mediano y largo plazo. Mientras la discusión nacional continúa en el Senado, en San Juan el foco está puesto en cómo esta ley puede redefinir el equilibrio entre protección ambiental y crecimiento productivo.
