La suspensión del decreto de emergencia económica abrió un nuevo frente de tensión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la Justicia. El mandatario cuestionó con dureza a la Corte Constitucional por frenar la medida y advirtió que, a su entender, la decisión priorizó intereses financieros por sobre el interés general.
Las declaraciones se dieron durante un encuentro con la diáspora colombiana en Washington D.C., donde Petro afirmó que la Corte “no puede ser un servidor de los banqueros, sino del pueblo”. Allí sostuvo que el tribunal actuó con apuro y sin esperar un análisis basado en datos reales de la economía.
Impuestos, presupuesto y un debate que sigue abierto
Según el presidente, los magistrados suspendieron de antemano el decreto de impuestos a los ricos y sin el estudio correspondiente, algo que consideró contrario a la Constitución. Desde su visión, la medida judicial impidió que los sectores de mayores ingresos continuaran aportando esos recursos.
El decreto había sido dictado luego de que el Congreso rechazara a principios de diciembre la reforma tributaria. Con ese proyecto, el Gobierno buscaba recaudar 16.300 millones de pesos —unos 3.700 millones de euros— para completar el presupuesto de 2026, una cifra clave para la planificación económica del próximo año.
Petro también apuntó contra el Banco de la República y la suba de la tasa al 10,25%. Dijo que la junta directiva “se equivocó” y se “apuró” al aumentar los intereses, pese a que el organismo prevé seguir con ese ciclo para contener la inflación, en un contexto marcado por el incremento del salario mínimo para 2026, fijado por encima del 23%.
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