En un giro político inesperado, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, anunciará la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el presidente Javier Milei, con quien mantiene fuertes diferencias. Lo comunicará durante la apertura del 43° período legislativo, donde además presentará un proyecto propio con beneficios fiscales.
El RIGI —cuya vigencia para que las provincias se adhieran fue prorrogada por el Decreto 105/26 hasta el 8 de julio de 2027— apunta a atraer inversiones superiores a USD 200 millones en sectores estratégicos como minería, energía, infraestructura y turismo, con estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años. Hasta ahora se aprobaron 10 proyectos por USD 25.479 millones y ya adhirieron 17 provincias.
En paralelo, Melella impulsará una iniciativa provincial que incluiría la baja del impuesto a los Ingresos Brutos, una medida en línea con lo que promueve la Nación, aunque todavía no se detallaron los parámetros de inversión. Desde el Ejecutivo fueguino aclararon que acompañarán un proyecto que ya tiene estado parlamentario. El texto había sido presentado tras la Ley Bases, perdió vigencia y fue reactivado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Natalia Graciania Flores.
El movimiento se produce en un contexto interno sensible. Según trascendió, el mandatario pidió adelantos de Coparticipación en diciembre y en febrero solicitó 20.000 millones de pesos. Además, el lunes oficializará cambios en tres ministerios: Gabriela Castillo asumirá en Energía, Martín Moreyra en Obras y Servicios Públicos, y Lucía Rossi en Bienestar Ciudadano y Justicia.
La relación con la Casa Rosada atraviesa uno de sus puntos más tensos. Melella fue uno de los cuatro gobernadores excluidos de interlocución política tras las legislativas de octubre. A eso se sumó la suspensión de la intervención del Puerto de Ushuaia mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, por presuntas irregularidades. La Provincia respondió con una demanda para que se declare la inconstitucionalidad de la medida. En este escenario, la decisión de acompañar el RIGI abre un nuevo capítulo: ¿reordenamiento estratégico o necesidad económica?
