El cierre de Fate, con 920 despidos, alteró la agenda política nacional y abrió un nuevo frente entre el Gobierno y el empresariado industrial. Desde la Quinta de Olivos, Javier Milei reaccionó ante el anuncio y vinculó la decisión con una maniobra deliberada en medio del debate por la reforma laboral y a días del paro nacional de la CGT.
La Casa Rosada activó una conciliación obligatoria por 15 días, con posible prórroga de 5 más, instruida por la ministra Sandra Pettovello a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero. La medida buscó impedir el cierre inmediato de indemnizaciones y ganar tiempo en un conflicto que el oficialismo atribuye a años de tensión gremial con el SUTNA y a restricciones cambiarias previas.
El propio Milei fue más allá y apuntó contra el titular de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla. “Casualidad cero”, deslizó el Presidente, convencido de que el anuncio impactó de lleno en la discusión parlamentaria. El trasfondo es más amplio: el debate por si el modelo económico genera empleo o profundiza la pérdida de puestos de trabajo.
Las cifras oficiales suman presión. Según la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado privado cayó 0,2% en noviembre, con 13.100 puestos menos. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo informó, además, una reducción neta de 21.938 empresas con empleados respecto de diciembre de 2023. En ese contexto, la UIA advirtió que la industria perdió casi 65.000 trabajadores en dos años.
Mientras defiende que la apertura y la desregulación implican una “transición” hacia sectores más competitivos —como agro, minería, petróleo y economía del conocimiento—, el Gobierno exhibe inversiones como los USD 300 millones de Carrefour y los USD 7.000 millones anunciados por la minera Vicuña. La disputa es clara: ¿destrucción coyuntural o reconfiguración productiva?
El Senado, los dos tercios y más de 50 pliegos en carpeta
En paralelo, el oficialismo tomó nota de otro dato político: en la votación de la reforma laboral el Senado marcó 42 votos a favor y 30 en contra, quedando a seis de la mayoría especial necesaria para designar cargos judiciales de alto rango. En ese escenario, el sector que responde a Santiago Caputo evalúa enviar más de 50 pliegos para jueces federales, en medio de numerosas vacantes, especialmente en Santa Fe. Con una oposición fragmentada, el Gobierno se acerca a llenar casilleros sensibles en la Justicia. El conflicto por Fate, así, quedó entrelazado con una discusión que va mucho más allá de una fábrica.
