Cuarenta y cinco mil personas quieren hablar sobre la ley de glaciares y la oposición teme que casi ninguna pueda hacerlo. Es que las audiencias públicas en el Congreso están programadas solo para el 25 y el 26 de marzo, y la logística no cierra por ningún lado.
El proyecto que impulsa el gobierno modifica de manera importante la normativa vigente: permitiría actividades mineras en zonas periglaciares y eliminaría el IANIGLA, el instituto científico que monitorea los glaciares argentinos. Una reforma que movilizó a ambientalistas, científicos y ciudadanos de todo el país.
El antecedente que cita la oposición es el debate del aborto en 2018: con 740 inscriptos, el entonces presidente de Diputados habilitó 15 jornadas de audiencias. Acá hay 60 veces más gente y apenas dos días. Los números no cierran.
Los legisladores opositores advierten que Martín Menem podría manejar a discreción quién habla y quién no, definiendo en la práctica el tono del debate público. El oficialismo, por su parte, defiende la organización y habla de exponer en forma presencial y virtual para ampliar la participación. ¿Alcanza? Eso se verá el 25.
