Una pareja contrató un servicio de rastreo satelital para su camioneta Toyota Hilux 4×4 y pagó años de abono convencida de que, si algo pasaba, el sistema iba a responder. Cuando llegó el momento de la verdad, no funcionó. Ahora la empresa tiene que pagar.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una condena de $12.750.000 contra la compañía proveedora del servicio, por no haber activado de manera efectiva los recursos técnicos necesarios para localizar el vehículo tras el robo.
El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2023 en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El dueño, de 65 años, estacionó la camioneta cerca de un cementerio y, al volver minutos después, ya no estaba. De inmediato llamó a la empresa para pedir el rastreo y el bloqueo del vehículo, y también hizo la denuncia policial.
La respuesta de la empresa fue, cuanto menos, llamativa: admitió que el dispositivo instalado era obsoleto y que el sistema no podía dar una ubicación precisa ni mostrar el recorrido del vehículo. Gracias a imágenes obtenidas por otras vías, la pareja supo que la Hilux había circulado por la autopista Gaona en dirección a Luján, pero la empresa no aportó nada útil.
El reclamo judicial incluyó el valor de la camioneta, herramientas que estaban adentro y una compensación por pérdida de ingresos, ya que el vehículo se usaba para tareas rurales.
Antes de ir a la Justicia, intentaron una conciliación ante Defensa del Consumidor, sin resultado. La empresa rechazó las cartas documento y, encima, culpó a los clientes por no haber hecho controles periódicos del equipo.
Esa defensa no convenció a nadie. Los jueces señalaron que la compañía cobró el servicio durante años sin exigir esos controles ni advertir sobre posibles fallas. Además, el informe operativo que presentó como prueba de su actuación no detallaba operadores, vehículos, recorridos ni coordinación con la Policía: era, en palabras del tribunal, insuficiente.
La empresa apeló argumentando que su obligación era «de medios y no de resultados», es decir, que no garantizaba recuperar el auto sino intentarlo. La Cámara lo aceptó en teoría, pero aclaró que justamente eso era lo que no había demostrado: que los medios contratados se usaron como correspondía.
El monto de $12.750.000 se calculó en base a valores de vehículos similares al momento del robo, y los intereses corren desde esa fecha. El fallo es un aviso claro para quienes pagan por servicios de rastreo sin saber si el equipo que tienen instalado todavía sirve para algo.
Fuente: Tiempo de San Juan · 27 de octubre de 2026
Fuente: Tiempo de San Juan
