La situación judicial de Lázaro Báez parece un laberinto. La Corte Suprema de Justicia le rechazó el recurso que pedía extinguir la causa penal por evasión impositiva vinculada a Austral Construcciones, la empresa que usó para hacer negocios con el kirchnerismo.
El argumento de la Corte fue claro: los pagos que hizo Báez durante el proceso de quiebra no fueron completos, y la ley exige el pago total de la deuda fiscal para que se extinga la acción penal.
Pero al mismo tiempo, Báez recibió un alivio inesperado gracias a la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799), impulsada por el gobierno de Milei. Un tribunal penal económico le otorgó el sobreseimiento por los años 2010-2011 y 2013-2014, porque la nueva ley elevó los umbrales para que haya delito: ahora se necesita una evasión de más de $100 millones por tipo de impuesto por año.
La AFIP y los fiscales se opusieron, argumentando que los pagos no fueron completos. La historia judicial de Báez sigue dando vueltas con resoluciones contradictorias.
¿La Ley de Inocencia Fiscal terminará siendo un as en la manga para varios acusados de causas históricas de corrupción?
