La edad de imputabilidad vuelve al centro del debate legislativo
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil y busca un tratamiento exprés: comisiones y recinto en la misma semana. La iniciativa reaviva una discusión sensible, con impacto directo en cómo el Estado aborda los delitos cometidos por adolescentes.
El eje del texto es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Sin embargo, desde bloques dialoguistas como el PRO y la UCR ya adelantaron que el consenso político fija el piso en 14 años, por lo que el dictamen final podría sufrir cambios.
Uno de los puntos que destrabó el avance fue el financiamiento. Tras una reunión con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se aclaró que el proyecto sí contará con recursos. El artículo 51 prevé una asignación presupuestaria de $23.739.155.303,08, destinada al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.
La propuesta crea un régimen penal juvenil diferenciado del de adultos, sin prisión perpetua. En su versión original, las penas máximas llegan hasta 20 años de prisión, aunque en debates previos se había acordado un tope de 15 años solo para delitos graves y el uso de penas alternativas —como tareas comunitarias o reparación del daño— para casos menores.
Además, el régimen contempla institutos especiales para menores condenados, con educación, atención médica y tratamiento de adicciones, y prohíbe su convivencia con detenidos adultos. El oficialismo planea dictaminar en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, para llevar el proyecto al recinto el jueves 12 de febrero. ¿Hasta dónde llegará el consenso en un tema que divide miradas?
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