La Justicia federal metió el pie en la Unión Obrera Metalúrgica. Por orden del juez Julián Ercoloni y pedido del fiscal Eduardo Taiano, agentes allanaron la sede del gremio que conduce Abel Furlán, en el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita.
El centro de la causa es un contrato entre la UOM y la empresa USEM, dirigida por María Soledad Calle, una dirigente vinculada a La Cámpora que fue presidenta del bloque de concejales de Zárate y referente regional del Frente de Todos. El contrato le da a USEM una posición enorme: administra el 80% de los aportes sindicales, puede abrir cuentas bancarias en nombre del sindicato, ejecutar pagos y gestionar la caja completa. Los honorarios equivalen al 0,5% de lo recaudado por cuota sindical, durante 10 años.
Furlán y la conducción gremial rechazaron las acusaciones y calificaron el allanamiento como “una falsa acusación” enmarcada en conflictos internos del sindicato.
La investigación sumó ruido en un momento político sensible: la UOM es uno de los gremios más poderosos del país, y cualquier escándalo que la involucre tiene impacto nacional.
