La investigación por el AcueductoGate entró en una nueva fase. El lunes 10 de marzo, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro llevaron a cabo una inspección ocular completa de la obra del Acueducto Gran Tulum, autorizada por la jueza Mónica Lucero. Drones de la Policía Rural sobrevolaron los distintos tramos para documentar todo desde el aire.
Los investigadores recorrieron varios puntos clave: el sitio de obra cerca del Dique Punta Negra en Zonda, la zona de Villa Tacú donde estaba planificado un túnel que generó dudas, y la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado. En cada punto, técnicos forenses e ingenieros de OSSE compararon lo ejecutado contra las especificaciones del contrato original.
El eje de la investigación es claro: ¿el dinero público pagó lo que efectivamente se construyó? Se sospechan irregularidades, sobreprecios y vínculos entre las empresas que ganaron la licitación y familiares de ex funcionarios provinciales.
El AcueductoGate es una de las causas más sensibles de la política sanjuanina y sus derivaciones podrían sacudir al sistema político de la provincia. Los próximos pasos judiciales van a definir si hay imputaciones concretas.
