Una planta ocupada, 920 trabajadores en conflicto y, en el medio de todo eso, un acelerador de electrones de 500 KeV que necesita control permanente y personal especializado para operar con seguridad. Así está la situación en la empresa Fate de San Fernando, y el Gobierno ya está en alerta máxima.
La farmacéutica Fate lleva semanas ocupada por sus empleados desde que la empresa anunció cierres masivos y despidos a fines de febrero. Los trabajadores, amparados por la Justicia que revocó una orden de desalojo reconociendo la ocupación como huelga constitucional, no se mueven. El problema es que adentro del edificio hay equipamiento radioactivo que requiere acceso restringido, verificación continua de seguridad y personal técnico certificado.
El presidente de la empresa formalizó la alarma: Fate no puede garantizar la seguridad del material radioactivo porque perdió el control físico de sus instalaciones. Un aviso que no se puede ignorar.
El dilema legal es complejo: si los trabajadores tienen derecho a ocupar, ¿quién responde por la seguridad del material nuclear? La Justicia, los sindicatos y el Gobierno tienen que resolver esta ecuación antes de que el tiempo se acabe.
